COSTOS DE UNA GUERRA SIN CUARTEL
Para comprender la dimensión de los daños y perjuicios que el gobierno de Estados Unidos causa desde hace más de cuarenta años a la Industria Básica y al Sistema de Educación cubanos, las cifras no bastan.
Peritos, testigos y los letrados actuantes, a nombre y en representación de las organizaciones sociales y de masas, son reclamados en cada receso por los asistentes para que les autografíen ejemplares de la Demanda.
Quién podría cuantificar la angustia de médicos, enfermeras y por otra parte de productores y transportistas de óxigeno medicinal cuando hay vidas por salvar y peligra el abastecimiento a las instalaciones hospitalarias como ha sucedido muchas veces; o quién podría afirmar que la destrucción total o parcial de 85 escuelas entre 1959 y 1976 por acciones subversivas llevan solamente la impronta de lo material perdido.
Este cuarto día de práctica de pruebas de la Demanda del Pueblo de Cuba al gobierno de EE.UU. ofreció numerosos elementos para ir más allá de las cifras. De brindar los datos se encargaron seis peritos y 18 testigos, escuchados atentamente no solo por los miembros del tribunal y los abogados que representan a las organizaciones de masas en el reclamo justo de este pueblo, sino también por pioneros, trabajadores, combatientes, federadas y jubilados presentes en la sesión.
Si de números se trata estos son harto elocuentes. El volumen total de las pérdidas en la Industria Básica, en los que se incluyen los ocasionados por agresiones directas a sus instalaciones, asciende a 1 084, 4 millones de dólares.
Con tecnología original de procedencia fundamentalmente norteamericana, este sector ha tenido que invertir millonarias sumas para la producción, contratación y compra de piezas de repuesto, de materias primas, y en la moder-nización de sus maquinarias, a un costo elevado y en mercados muy distantes. Al mismo tiempo sus posibilidades de exportación se han visto sensiblemente lesionadas.
Situaciones desfavorables han padecido renglones vitales como el petróleo, la electricidad, el níquel, el cobalto, el cemento, la actividad geominera y las industrias química y de la goma.
De no existir el bloqueo solamente en los últimos años las operaciones en la Unión Cubapetróleo, encargada de la distribución de los combustibles, hubieran demandado entre 28 y 30 millones de dólares menos para obtener los mismos resultados, puntualizó Virgilio Ara Perdomo, uno de los directivos de esa entidad.
Al chantaje del gobierno norteamericano le debe también la industria cubana del papel el fracaso en sus negociaciones con cinco importantes firmas extranjeras, como puso en claro Carlos Mario Marrero, director de la empresa comercializadora en esa rama. En todos los casos, aclaró, ya sea por escrito o verbalmente, nos informaron de las presiones recibidas: de llegar a arreglo con nostros, sus instalaciones en Estados Unidos serían objeto de sanciones económicas y se dejarían de vender sus productos en ese país.
Tales intervenciones dieron paso al recuento de otros sucesos igualmente reveladores del enseñamiento contra nuestro pueblo: los sabotajes y actos piratas, sobre lo cual versaron numerosas intervenciones.
En el sistema de educación sucede otro tanto. Aunque una parte de los efectos de la política hostil de los Estados Unidos en la educación cubana ha podido ser cuantificada —144,6 millones de dólares en los centros de educación superior adscritos al MES—, los perjuicios más importantes derivados de esa guerra abierta, criminal y, a veces encubierta en esta esfera, son incalculables.
Tal es el mensaje principal reflejado en los dictámenes presentados por los ministros de Educación Superior y Educación, Fernando Vecino Alegret y Luis Ignacio Gómez, respectivamente.
En sus informes no faltaron numerosos ejemplos de las escaseces materiales sufridas en todas las enseñanzas por estar impedido el acceso a financiamientos externos para adquirir materiales o insumos imprescindibles, o estar obligados a limitar la compra de determinados equipamientos, bi-bliografía, etc. por las regulaciones del bloqueo, los incrementos de precios y fletes.
Pero el énfasis fundamental lo pusieron en el daño espiritual infligido a alumnos, maestros, profesores y familiares, en la inquietud, temor o retraimiento que pretendieron infructuosamente crear en la comunidad universitaria, en sus frustrados afanes por tratar de interrumpir la obra educacional de la Revolución.
Vecino, en particular, se refirió al "robo de cerebros" desatado a inicios de la Revolución por el gobierno de los EE.UU. con el resultado que, de los 12 000-14 000 profesionales que había en Cuba en 1959, solo quedaron en el país 6 000, práctica que han intentado incrementar en esta década.
Tras relacionar las afectaciones materiales y espirituales sufridas por el sistema universitario —hoy dispone de 48 centros de educación superior en los que se han formado más de 630 000 profesionales—, denunció la política estadounidense que trata de crear hacia nosotros un ambiente negativo en los medios académicos de otros países y de los propios EE.UU., así como los intentos diversionistas que se desprenden del llamado Carril II de la ley Torricelli para tratar de desestabilizar y destruir a la Revolución.
Para hoy ha sido anunciada la presentación de los informes periciales sobre los perjuicios causados en la cultura, las industrias alimentaria y ligera y el comercio interior.